- El Ejecutivo decretará un estado de alarma en la capital después de que el Ejecutivo de Ayuso haya ignorado las peticiones de Sanidad de reunirse para abordar nuevas medidas que limiten la propagación en la región más golpeada por el virus
El Gobierno tiene previsto celebrar este viernes un Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de alarma en Madrid, según han informado fuentes de Moncloa a elDiario.es. La decisión llega después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya intentado, sin éxito, reunirse con el equipo de Isabel Díaz Ayuso para concretar las medidas a implantar en Madrid después de que el Tribunal Superior de Justicia anulase la orden de Sanidad para confinar la capital y otras nueve ciudades.
El Gobierno regional ha ignorado durante toda la jornada del jueves las comunicaciones del Ministerio de Sanidad para mantener una reunión bilateral durante el día en la que abordar la situación de las restricciones aplicadas la semana pasada. El nuevo desplante de la Comunidad de Madrid ha ido caldeando los ánimos en Moncloa y en el Ejecutivo de Sánchez han optado finalmente por la declaración de un estado de alarma para paliar la situación.
Nada más conocerse la anulación de las medidas por parte de la justicia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, había anunciado una convocatoria urgente del grupo COVID-19 que se creó entre Sanidad y el Gobierno regional para «buscar la forma de responder a este posicionamiento judicial». «Estamos seguros de que la Comunidad de Madrid coincidirá en este planteamiento», ha expresado en el Congreso, durante una comparecencia que estaba ya prevista. Sánchez ha seguido esa misma línea en una comparecencia ante los periodistas en Argelia en la que no ha descartado la activación del estado de alarma en la Comunidad de Madrid como fórmula para limitar la movilidad de los ciudadanos tras el varapalo judicial, pero ha dejado clara su intención de consensuar esas medidas con Ayuso.
«Esos instrumentos el Gobierno siempre los ha contemplado -ha expresado-. Si la Justicia nos dice que este no es el mecanismo, tendremos que evaluarlo con la Comunidad de Madrid y tomar las decisiones oportunas”. Sánchez ha insistido en un encuentro entre ambos gobiernos. Desde Sanidad han enviado dos mensajes para concertar la cita: uno a la vicepresidencia de Ignacio Aguado y otro a la consejería de Sanidad. Ninguno de ellos ha obtenido respuesta. En Moncloa, mientras tanto, trabajaban en varias alternativas sin descartar ninguna. «Si tampoco se puede negociar… veremos», expresaba una fuente gubernamental. Para ese momento el presidente acababa de aterrizar en Moncloa.
Pasadas las 20.30 horas de la tarde, el Ejecutivo de Ayuso no había decidido si reunirse con el ministro Salvador Illa. El equipo técnico de la Consejería de Sanidad junto al consejero, Enrique Ruiz Escudero, ha estado toda la tarde de este jueves reunido para decidir la orden con las nuevas medidas restrictivas después de que hayan decaído las de movilidad. A pesar de que la propia presidenta madrileña había pedido durante su comparecencia sin preguntas un encuentro bilateral este mismo jueves para abordar de forma conjunta la respuesta al fallo judicial, finalmente desde el Gobierno regional decidían elaborar su propia orden sin contar con el Ministerio.
El Ejecutivo de Sánchez se mantiene a la expectativa de los próximos movimientos que lleguen desde la Puerta del Sol, pero con la paciencia al límite después de haber peleado las medidas que finalmente ha anulado la justicia hasta el último segundo. Tras varios vaivenes, el Gobierno regional aceptó incrementar las restricciones en las grandes ciudades y así se aprobó en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque la Comunidad de Madrid se descolgó del acuerdo. Finalmente, aplicó las medidas a regañadientes.
El PP considera ahora que la justicia ha dado «la razón» a la presidenta autonómica mientras el Gobierno baraja la aplicación del estado de alarma para que no haya dudas respecto a la legalidad de la restricción de la movilidad. A pesar de que el cierre de ciudades se ha aceptado por otros tribunales, en casos como Ourense, el auto del TSJM supone un golpe para el Ejecutivo y cuestiona que no se haya llevado a cabo en todo este tiempo una reforma legislativa para permitir esa medida sin necesidad de recurrir al estado de alarma. «Resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia del Covid-19 y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país, pese al consenso doctrinal existente acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales (…) resulta ciertamente deficiente y necesitada de clarificación».
Durante la primera oleada de la pandemia, el Gobierno manifestó su intención de reformar el paquete legislativo de sanidad y salud pública para poder hacer frente a los rebrotes y el propio Sánchez se lo trasladó a los presidentes autonómicos en una reunión el pasado 10 de mayo. Sin embargo, el Ejecutivo ha descartado desde el levantamiento del estado de alarma llevar a cabo esos cambios normativos aduciendo que la legislación vigente es suficiente para las medidas que se ponen en marcha para hacer frente a los rebrotes.
