El Ministerio de Interior adjudica la seguridad en prisiones dejando fuera del mercado laboral a ciento ochenta vigilantes de seguridad que pertenecieron a la empresa OMBUDS y que realizaban sus funciones en centros penitenciarios antes de ser apartados por el propio Ministerio.
El Ministerio de Interior ante la entrada en concurso de la empresa OMBUDS ha dilatado la adjudicación de distintas prisiones enmarcadas en Madrid, Extremadura y Castilla La Mancha con la única intención de que las empresas que pudieran resultar adjudicatarias no se vieran obligadas a la subrogación de las personas trabajadoras y por ende a la asunción de la deuda contraída por la empresa OMBUDS tal y como establece la nueva Doctrina del Tribunal Supremo.
El Ministerio de Interior durante este último año que es el plazo de vigencia para la subrogación de personal impulsó varias licitaciones para los mencionados centros penitenciarios que por un lado resultaban inasumibles en su adjudicación por su bajo precio y que tenían como único objetivo precarizar la actividad así como establecer una cortina de humo para ocultar su voluntad real que siempre ha sido no asumir el empleo de los ciento ochenta vigilantes y por ende la posible asunción de la deuda producida por OMBUDS que fue su máximo proveedor en los servicios de seguridad en prisiones.
El Ministerio encabezado por Marlaska una vez más demuestra en la adjudicación de prisiones un total desprecio a los vigilantes de seguridad que fruto de su exclusión inicial del servicio en prisiones y de dilatar la adjudicación del mismo quedan fuera del mercado laboral cuando podrían hoy mantener su trabajo mediante la subrogación establecida en Convenio, como así ha sucedido en otras administraciones en el conjunto del territorio nacional afectadas en las mismas circunstancias si hubiera existido la más mínima voluntad política por parte de Interior.
