Desde el Comité de Empresa en la Consejería de Derechos, Igualdad, Diversidad y Juventud, queremos denunciar a los medios de comunicación y a toda la opinión pública el caos, tanto a niveles organizativos como de gestión, que se está produciendo en esta Consejería.
A pesar que a diario se vende en los medios de comunicación que todo está arreglado, que existe más presupuesto, que se ha contratado a más personal, que informáticamente no existe problema, etc. La cruda realidad es que el incremento de presupuesto ha ido destinado para personal de los diferentes ayuntamientos. El personal que se contrata para la consejería está ubicado en un espacio físico insuficiente produciéndose hacinamiento sin los medios informáticos mínimos para poder realizar el trabajo.
Desde el mes de agosto/2019, se comprometieron a convocar las listas de sustituciones de todas las categorías laborales para poder cubrir las plazas vacantes y contratar a personal, seguimos esperando a día de hoy que se haga.
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
En cuanto a la Dirección General de Derechos Sociales, de la que es responsable la Consejera hemos de resaltar que existen más de 43.500 beneficiarios de Pensiones no Contributivas (PNC). Las nuevas solicitudes de Jubilación están tardando más de un año en resolverse al igual que las pensiones de Invalidez tardan más de dos años en resolverse, las reclamaciones y revisiones de nómina llevan más de un año de retraso. Al no tener la plantilla de personal suficiente, no se pueden realizar las Revisiones Anuales de Pensiones, obligadas por Ley para comprobar que los perceptores siguen manteniendo los requisitos. La consecuencia de no cumplir estos plazos es que se llegan a quitar las pensiones y reclamar deudas de más de 10.000 € a personas que no tienen recursos económicos.
CENTRO DE VALORACION DE LA DISCAPACIDAD
Desde el Centro de Valoración de la Discapacidad la situación es la siguiente:
El numero de solicitudes pendiente de citar a día de hoy es de 8.100 solicitudes, lo que conlleva que una persona que quiera ser valorado de la Discapacidad tenga que esperar 22 meses en el caso de los adultos (>=6 años) y de 12 meses si se tratan de usuarios menores (<=5 años).
Esta situación se ve agravada si tenemos en cuenta que:
Los Técnicos encargados de realizar dichas valoraciones, últimamente tienen que dejar de realizar sus funciones debido a que tienen que comparecer en aquellos juicios en los que son citados como peritos. Lo cual hace que se incrementen las listas de espera.
Aquellos menores que una vez valorados necesiten de tratamiento de Atención Temprana, deben de esperar otros 12 meses más para recibir dicho tratamiento.
Ya se cumplen 3 semanas de la incorporación del nuevo personal y a día de hoy no se le han proporcionado los permisos de las diferentes aplicaciones, necesarios para poder trabajar.
PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN
En la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción en la que existen aproximadamente más de 10.000 beneficiarios caminamos continuamente hacia atrás.
Existen más de 1350 expedientes que han solicitado renovación desde noviembre/2021 sin resolverse, 1300 solicitudes nuevas desde noviembre/2021 y reanudaciones sin resolver, hay que destacar que el silencio es positivo, lo que muchos ciudadanos no conocen. Existen unos 200 recursos sin resolver, competencia de la Viceconsejería llegando hasta tal extremo que en la misma sección se resuelven los recursos de alzada, siendo juez y parte a la vez.
Está pendiente de la incorporación de cinco trabajadores anunciado por la Consejera en los medios de comunicación y hasta la fecha ese personal no se ha incorporado al departamento argumentando que está pendiente la realización de obras para acondicionar el espacio físico donde ubicar a dichos trabajadores. Por lo que el retraso en la gestión se sigue incrementando
OFICINA DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA
En la Oficina de Información Especializada para la atención a la ciudadanía se parte de un retraso en las citas del 012 en casi 2 meses de espera. Tras la incorporación del nuevo personal se materializa la falta de espacio y organización dentro del servicio con el perjuicio en la calidad de atención al ciudadano.
Todo el personal de nueva contratación son funcionarios interinos que se acogen a un contrato programa de 4 años, que no deja de ser un parche en la gestión dado que no ofrece la garantía de la continuidad en la gestión y organización impidiendo que se fomente la cobertura de plazas de personal laboral a través de las listas de reserva.
La merma de los servicios sociales, provocada durante años, por la falta total de interés y voluntad política, está siendo una excusa para la creación de un ente privado, con competencias sociales, incumpliéndose la ley en este tipo de servicios. Cuando lo correcto, fácil, y eficiente económicamente, sería aumentar las plantillas, y mejorar la gestión de los servicios. Entes, con intereses puramente privados, que no miran en el beneficio del ciudadano y que suponen un aumento del gasto público que sería inferior, si la gestión se hiciese de manera puramente pública, con la simple dotación de medios y personal.
