Podemos Canarias ha lanzado una dura advertencia sobre el nuevo decreto ley aprobado por el Gobierno autonómico para agilizar la concesión de licencias urbanísticas. La formación considera que la norma supone una cesión sin precedentes de funciones públicas a intereses privados, eliminando los filtros técnicos de los Ayuntamientos y abriendo la puerta a la corrupción urbanística.
“La licencia de obra es un acto administrativo público. Solo el funcionariado puede otorgarla con validez legal porque solo el funcionariado goza de fe pública. Sustituir esa función por informes pagados por promotores es convertir el urbanismo en un mercado opaco, con consecuencias gravísimas para el interés general”, ha denunciado la diputada y coordinadora de Podemos Canarias, Noemí Santana.
El decreto permite que promotores contraten a empresas privadas para emitir informes técnicos que sustituyen a los municipales en los aspectos favorables sin necesidad de ratificación por parte de la Administración. “Esto va mucho más allá de agilizar trámites. Es un modelo donde quien paga, decide, y eso no tiene cabida en una democracia transparente”, añade Santana.
Desde Podemos Canarias se señala que este decreto no es una excepción aislada, sino una nueva pieza de un marco normativo desregulador iniciado el año pasado con la aprobación del Decreto Ley 1/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda, que ya introdujo modificaciones preocupantes como la construcción en suelos dotacionales, la reducción de trámites y la contratación conjunta de obra y proyecto.
“Ese decreto ya mostró que al Gobierno de Clavijo no le interesa el derecho a la vivienda, sino facilitar negocios inmobiliarios. El decreto de licencias urbanísticas es la continuación lógica. Menos control y una política hecha a medida de los especuladores”, denuncia Santana.
La norma, que no ha sido consultada con los ayuntamientos, invade competencias locales reconocidas en el Estatuto de Autonomía. “Hablamos de una decisión unilateral que socava el principio de autonomía municipal, y ni siquiera ha sido informada a alcaldes y alcaldesas. Es una política autoritaria al servicio de intereses privados, no del interés común”.
Podemos Canarias recuerda que esta ofensiva urbanística llega cuando se cumple un año del 20A, la gran movilización ciudadana que, bajo el lema “Canarias tiene un límite”, denunció la saturación del territorio y la necesidad urgente de planificación responsable.
“Lejos de escuchar a la sociedad canaria, Clavijo responde entregando el urbanismo a intereses especulativos. Es una muestra más de la sordera de las derechas a las necesidades reales de la gente. Pero esa misma sociedad que se levantó hace un año se está volviendo a organizar, y nos van a tener a su lado, también en las calles”, ha señalado Noemí Santana.
Desde Podemos no se descarta impulsar una denuncia ante la Fiscalía por vulneración del principio de fe pública, así como coordinar iniciativas legales con otras fuerzas a nivel estatal. También se plantea un frente común con plataformas ciudadanas y colectivos ecologistas para frenar esta deriva desreguladora.
“No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras convierten Canarias en un solar para el pelotazo. Vamos a actuar en las instituciones, en los tribunales y en las calles. Este territorio tiene límites, y los nuestros son la justicia social, la legalidad y la defensa del bien común”, concluye Santana.