Mercedes Pérez Schwartz, presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la isla de Tenerife (ARMHT) informa que la entidad memorialista ha presentado un conjunto de alegaciones al Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz de Tenerife, actualmente en fase de información pública, con el objetivo de garantizar que este documento incorpore plenamente los principios y obligaciones establecidos por la legislación en materia de memoria democrática.
La entidad considera positivo el avance que supone la elaboración del catálogo, pero advierte de que el documento “carece de una incorporación efectiva” de las leyes de memoria histórica y democrática, tanto a nivel estatal como autonómico. En este sentido, subraya la necesidad de que cualquier política de protección patrimonial tenga en cuenta la obligación legal de retirar o reinterpretar elementos que supongan exaltación de la dictadura franquista.
“Nos preocupa que, como ha sucedido en otros territorios, la protección por supuestos valores patrimoniales solo implique que no se abordarán propuestas como las ya contempladas en el catálogo de incumplimientos con la Ley de Memoria”, explica. Considera que habría que hacer una reflexión profunda y decidir colectivamente si la Santa Cruz de Tenerife del siglo XXI debe recibir a muchos de sus visitantes con un monumento, que el propio texto sometido a consulta califica como “una muestra de la arquitectura monumental franquista, con influencias de la arquitectura fascista italiana”.
Según Mercedes Pérez Schwartz, proteger y mantener este tipo de elementos, en su integridad, sin añadirle elementos que le den contexto y sin eliminar las referencias directas, mantiene “una exaltación de la dictadura, que en teoría acabó hace cincuenta años, siendo preocupante, algo que sigue la estela de lo que se intentó en relación con el monumento a Franco”.
Entre sus principales propuestas, la asociación plantea:
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La aplicación explícita de la Ley de Memoria Democrática en la evaluación de los bienes incluidos en el catálogo, evitando la protección de elementos que vulneren esta normativa sin un proceso previo de resignificación.
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La revisión del Monumento a los Caídos de la plaza de España, cuya protección integral prevista en el documento consideran incompatible con la legislación vigente. La asociación propone su exclusión temporal del catálogo hasta que se defina un plan específico que garantice su adecuación a la ley, incluyendo la retirada de simbología franquista o su resignificación.
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La reinterpretación del Puente General Serrador, solicitando la retirada de elementos simbólicos vinculados a la dictadura y la incorporación de recursos informativos que contextualicen históricamente el espacio.
Asimismo, la ARMHT denuncia la ausencia en el catálogo de espacios y elementos relevantes para la memoria histórica de la ciudad, proponiendo su inclusión y protección. Entre ellos destacan:
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La escultura “La Ida”, vinculada a la memoria de los presos del antiguo campo de concentración de Fyffes.
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Los posibles restos de la Batería Militar del Barranco del Hierro, escenario de ejecuciones durante la represión franquista.
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El enclave de Cueva Roja, por su papel en los acontecimientos del 18 de julio de 1936.
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El cementerio de Santa Lastenia, especialmente en lo relativo a fosas comunes y placas conmemorativas.
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El Palacio de Justicia de San Francisco, identificado como espacio de detención y tortura durante la dictadura.
La asociación también propone que el catálogo incorpore medidas específicas para la investigación, protección y difusión de los denominados “lugares de memoria”, incluyendo la posibilidad de intervenciones arqueológicas en espacios con potencial valor histórico. Entienden que la memoria es un aspecto más a proteger, precisamente como herramienta “para interpretar el pasado y curar las heridas que dejaron cuatro décadas de represión y varias más de olvido”.
Desde la ARMHT insisten en que “la protección del patrimonio no puede desligarse de los valores democráticos actuales” y subrayan la importancia de que las administraciones públicas garanticen una interpretación del pasado respetuosa con las víctimas de la represión.
La entidad recuerda que han solicitado un encuentro con el alcalde de la capital tinerfeña para que, al igual que en otros municipios, establecer una línea de colaboración en el debate y la reflexión sobre la memoria histórica, la declaración de nuevos espacios de memoria y la puesta en valor de las víctimas de la dictadura, que esperan que se logre concretar en breve.
Finalmente, la entidad solicita que sus alegaciones sean tenidas en cuenta en la redacción final del catálogo, con el fin de avanzar hacia un modelo patrimonial que combine conservación, rigor histórico y compromiso con la memoria democrática.