La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) ha trasladado su preocupación por la situación de vulnerabilidad que atraviesan siete marinos indios del buque UNITED S (IMO 7359149) con registro en Camerún, interceptado por las autoridades españolas en enero de 2026 cuando transportaba un cargamento de cocaína.
El caso está siendo instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional. De los trece tripulantes que se encontraban a bordo del buque, seis permanecen en prisión preventiva, mientras que los siete ciudadanos indios se encuentran en libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada de pasaportes, la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado de Tenerife y la prohibición de abandonar el territorio español.
Según la información recabada durante la visita al buque realizada por Gonzalo F. Galán Fernández, inspector de la ITF en las Islas Canarias, los marinos fueron contratados por la empresa turca SEA DREAM SHIPPING LT y abonaron 6.000 dólares estadounidenses cada uno para poder embarcar, siguiendo instrucciones de intermediarios de contratación en India.
Los tripulantes indican que durante su periodo de trabajo no recibieron los salarios acordados en sus contratos. Posteriormente, el buque cambió de propiedad el 16 de octubre de 2025 a la empresa CAPO MARITIME CO S.A., registrada en Honduras. Tras este cambio, parte de la tripulación abandonó el buque mientras los marinos indios permanecieron a bordo con la fala promesa de recibir sus salarios adeudados.
Según sus testimonios, tras cargar sal en el puerto de Fortaleza (Brasil), el buque fue abordado en alta mar por dos individuos armados, quienes presuntamente obligaron a la tripulación a participar en la carga de la droga.
De acuerdo con la información disponible, el caso presenta varios indicadores asociados internacionalmente a situaciones de posible trata de seres humanos con fines de explotación laboral y trabajo forzoso, entre ellos el pago para acceder al empleo, el impago de salarios durante el periodo de contratación, la retención de medios de comunicación y la presunta coacción armada en alta mar.
Tras su puesta en libertad provisional en Tenerife, los marinos pasaron inicialmente dos noches sin alojamiento hasta que la organización Stella Maris les ofreció apoyo temporal. Posteriormente, se autorizó de forma provisional su permanencia en el propio buque incautado; sin embargo, técnicos de Capitanía Marítima y de la Autoridad Portuaria determinaron que la embarcación no reunía condiciones mínimas de habitabilidad debido a fallos en los generadores y a una inundación en la sala de máquinas, por lo que el buque tuvo que ser desalojado el pasado viernes 6 de marzo del 2026.
Tras este desalojo, los tripulantes han podido ser alojados en la hospedería de la Casa del Mar de Tenerife, donde permanecerán de manera temporal hasta el 23 de marzo. Actualmente, tanto los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como la Autoridad Portuaria del puerto de Tenerife y demás miembros de la Comisión de Bienestar del Puerto de Tenerife, están trabajando para encontrar una solución habitacional a más largo plazo. No obstante, por el momento no existe aún una alternativa de alojamiento confirmada a partir de esa fecha.
Los marinos permanecen en Tenerife a la espera de la evolución del procedimiento judicial, sin ingresos y con movilidad limitada por las medidas cautelares vigentes.
La ITF continúa realizando seguimiento del caso desde el punto de vista laboral y humanitario y ha puesto la situación en conocimiento de las autoridades españolas como la Dirección General de la Marina Mercante, Instituto Social de la Marina, Gobierno de Canarias, Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima del puerto de Tenerife y autoridades marítimas en la India, Embajada India en España.
Luz Baz, coordinadora de ITF, declaró: “La situación de estos marinos no es solo un caso de abandono, sino un reflejo del limbo jurídico y la vulnerabilidad en la que quedan muchos trabajadores del mar. Son marinos extranjeros forzados a trabajar en un barco para fines ilícitos que, al llegar a tierra, quedan a la espera de juicio en un país extranjero, sin poder regresar a su país, sin medios para subsistir y sin permiso para trabajar, quedando a la deriva y a la merced de la beneficencia”.
“Estos casos, cada vez más frecuentes debido a la posición geográfica estratégica de España para las redes criminales, serán propuestos para su análisis por Stella Maris y la ITF en el Comité Nacional de Bienestar, con el objetivo de buscar soluciones y coordinar respuestas”, añadió.
