El Ministerio de Sanidad rechaza por el momento el uso de test de antígenos en farmacias, algo que han solicitado Catalunya y Madrid –el Gobierno de esta última ha elevado la petición a la Unión Europea–. El ministro Salvador Illa no cierra la puerta a que se hagan este tipo de diagnósticos en estos establecimientos, pero lo condiciona a que las comunidades presenten un plan «con todos los detalles» sobre «qué y cómo» lo quieren hacer. La medida se ha debatido en el Consejo Interterritorial, la reunión que mantiene Salvador Illa semanalmente con todos los consejeros autonómicos de la rama y que se ha celebrado este miércoles en Mérida, por primera vez este año fuera de Madrid. Estaban presentes también la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y como invitada la ministra de Sanidad de Portugal, Marta Temido.
Las propuestas remitidas por las comunidades sobre las pruebas en farmacias las ha valorado el Ministerio de Sanidad a través de la Secretaría de Estado de Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y el Instituto de Salud Carlos III. El Ministerio también está analizando las recomendaciones que ha emitido este miércoles la Comisión Europea (CE) sobre este tipo de test, y en una primera interpretación Illa concluye que el documento europeo avala la actual estrategia española e indica que «estos test son útiles si se usan adecuadamente en propósitos específicos», circunscritos a ser administrados por «personal sanitario capacitado y de acuerdo con las instrucciones del fabricante». La CE aconsejaba en el texto que esas pruebas de diagnóstico rápido las realicen profesionales sanitarios entrenados y formados y sólo cuando no se puedan hacer las PCR, más fiables. No descartaba las farmacias si el personal estaba cualificado.
Catalunya y Madrid ya avisaron de que llevarían el tema al Consejo este mismo miércoles. El ministro no da luz verde así a que se efectúen pruebas de antígenos en las farmacias de ahí y de otras regiones que quieran, sino que espera a hacerlo a que tengan una estrategia concretada: «Qué tipo de test, qué personal y con qué seguridad lo va a administrar, si hay circuitos separados para personas COVID y personas no COVID como en los hospitales, cómo van a vincular sus datos a los servicios de salud pública». Illa ha defendido que «reconocemos la buenísima y meritoria red» de farmacias españolas, «claves absolutamente en nuestro sistema sanitario», y no se niegan a tomar en consideración esta opción y a que «aumente su participación». Pero condicionado a ese documento. «Nos parece un criterio de prudencia y respeto institucional mínimo que quien tenga un plan concreto nos lo presente y lo valoraremos», pero actualmente considera la estrategia actual de diagnóstico española exitosa, sin permitirse en farmacias.
En la reunión también se ha acordado crear un grupo de trabajo entre Ministerio y gobiernos regionales para publicar, el miércoles que viene, un documento con recomendaciones e indicaciones para diciembre, especialmente para el puente de la Constitución y para la celebración de las fiestas navideñas: pautas «para aquellos ancianos que quieran disfrutar de esos días con sus familias y puedan hacerlo con criterios de seguridad», para «estudiantes que quieran regresar a sus hogares», sobre «cómo daremos la bienvenida a sus majestades los Reyes Mago», y, en general, sobre cómo mantener la seguridad en celebraciones familiares y religiosas. Han repasado todos juntos también la situación epidemiológica, y Salvador Illa ha compartido con «prácticamente la totalidad de los consejeros» «mucha preocupación porque estamos con una incidencia acumulada de 452 y tenemos que llegar a 60». Hay cierta «estabilidad» en los casos, ha repetido el ministro, pero «nadie ha hablado de relajar medidas». También han abordado el inicio, esta semana, de la cuarta ola del estudio de seroprevalencia que lidera Sanidad.
La Agencia del Medicamento explica que a priori no se cumplen las condiciones
Según la AEMPS, la Comunidad de Madrid y Catalunya no necesitan una autorización explícita de la Agencia para usar los test en farmacias, sino que tendría que demostrar que cumplen las condiciones de utilización que ellos sí marcan. En la carta que envió ayer la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la Unión Europea, sí afirmaba eso. “Actualmente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no nos permite utilizar estos centros. Por eso consideraría útil que alguna autoridad europea pudiera validar esta nueva forma de testeo, no solo en España sino también para el resto de regiones europeas», remitía Ayuso.
“La autorización y actividades realizadas por los laboratorios de análisis, tanto públicos como privados, es competencia de las comunidades autónomas. Las competencias de la Agencia son las referidas al producto y a garantizar que los productos que se comercializan son seguros y funcionan adecuadamente, mediante sus labores de vigilancia y control de mercado”, comentaban en la AEMPS. Es decir, la Agencia es autoridad competente en las condiciones del producto en sí, pero no sobre dónde se utiliza, «las instrucciones de uso elaboradas por el fabricante establecen las condiciones de uso y de toma de muestra previstas por el fabricante, actualmente solo para uso profesional, que garantizan la obtención de un resultado correcto”. Esas instrucciones de uso establecen unas condiciones que a priori “no se pueden dar en farmacias” tal y como están descritas en estos momentos, puntualizan fuentes de la Agencia. El ministro lo ha condicionado, por eso, a que detallen la manera en que este tipo de establecimientos pueden llevarlo a cabo
«Somos conscientes que el manejo de la enfermedad y los cambios en la situación epidemiológica hacen necesario un análisis continuo de nuevos test y de las recomendaciones de las instituciones de referencia, para poder adaptar las estrategias diagnosticas a cada situación», añaden en la AEMPS. El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, ya aclaró que eran reacios a la idea porque “no podemos pensar que una persona con síntomas se vaya a una farmacia y se haga la prueba». Según el Consejo General de Enfermería, el ministro Salvador Illa les había manifestado en una carta «que rotundamente no se pueden hacer estos test en las farmacias, salvo en aquellas que pudieran tener departamentos de análisis clínicos».
Pros y contras de los test, según los expertos
Entre profesionales y expertos hay divergencia de opiniones. Por un lado, algunos defienden que procedimiento en farmacias puede ser muy complicado si no va acompañado de un plan estratégico elaborado como el que exige ahora Illa porque, efectivamente, muchas farmacias no cumplen los requisitos. Mal hecho «significaría crear un foco de infección sin necesidad», declaraba María José García, secretaria general del Sindicato de Enfermería de Madrid, SATSE, a este periódico. Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), opinaba que «puede ser un caos. Es muy complicado si no tienen recursos para afrontar todo lo que significa la tarea diagnóstica, como la entrevista y el estudio de contactos». Hernández, en conversación ayer con este periódico, solo contemplaba abordar una estrategia así «con una buena evaluación de los riesgos y beneficios, de los test, de lo que supone para el sistema, y de cómo se va a hacer».
El principal argumento de las administraciones catalana y madrileña es que este sistema ayudará a dar salida al tapón de la Atención Primaria, que sigue preocupando a las autoridades sanitarias en esta segunda ola. Para el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, el principal valor de disponer de sus establecimientos «es la accesibilidad” que tienen para el gran público y, en especial, que facilitaría la labor de diagnóstico en zonas rurales. La organización de boticas defiende su labor como agentes de la Salud Pública en crisis, como ya ocurrió con el VIH, y creen que se podrían establecer acciones que cuenten con la red de farmacias españolas.
