Cristina Valido advierte que el reglamento “debe contar con el máximo consenso como lo hizo en su día la Ley de Servicios Sociales” impulsada por los nacionalistas canarios
Coalición Canaria-PNC reclamó al Gobierno de Canarias “abrir el diálogo” para sacar adelante el reglamento de concierto social que tiene sobre la mesa desde el inicio de la legislatura, hace ya casi dos años. La secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de la formación nacionalista, Cristina Valido, lamentó el retraso del Ejecutivo para sacar adelante un instrumento que “constituye una pieza clave para garantizar el servicio que prestan las entidades sociales de las Islas y a los que no llega la administración de forma directa, entre ellos, los pisos tutelados o los comedores sociales”.
Valido, que mantuvo un encuentro telemático con representantes del Colegio de Trabajadores Sociales de Canarias en el que participaron las secretarías ejecutivas y responsables públicos de este ámbito de CC en las Islas, lamentó que el Ejecutivo canario haya presentado esta misma semana su propuesta de reglamento de concierto social “cuando no ha abierto un debate y ni siquiera ha respondido a las alegaciones de las entidades”, a pesar de estar obligados a hacerlo.
La responsable de Derechos Sociales lamentó la “opacidad” del Gobierno en un área “tan sensible como esta” y recordó que la actual Ley de Servicios Sociales, impulsada por los nacionalistas canarios en la anterior legislatura, “fue fruto de un arduo trabajo de debate, del consenso con los profesionales y entidades de todas las Islas y fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias”.
Cristina Valido lamentó “las formas que se han instalado en una Consejería en la que debería estar siempre las puertas abiertas, máxime en un momento como el actual donde las entidades sociales son una pieza aún más necesaria para atender a la emergencia social derivada de la pandemia”. De esta forma, demandó al Gobierno de Ángel Víctor Torres que “recapacite y se siente con las entidades que hicieron alegaciones al reglamento, que les dé una oportunidad y que las escuche porque cualquier norma ligada a la prestación de los servicios sociales no debe circunscribirse a los despachos, es necesario que nazca del debate y del diálogo, como ocurrió con la Ley de Servicios Sociales, mucho más complicada, ambiciosa y amplia que este reglamento”.
La responsable de Derechos Sociales reclamó, además, al Gobierno que “como mínimo conteste a las alegaciones” algo que, recordó, “están obligados a hacer antes de aprobar el reglamento” que, advirtió, “no será apoyado por los nacionalistas canarios a no ser que corrijan este atropello a esta herramienta que han tenido dos años para trabajar junto a entidades y Colegios profesionales y que ahora pretenden imponer”.
