Su legalización y regulación se asientan sobre la compatibilidad de principios esenciales recogidos en la Constitución, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, así como la defensa a la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.
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Entra en funcionamiento la Sede Electrónica Única, que optimiza la relación de la ciudadanía con la Administración
Centraliza en un único punto toda la gestión de los distintos departamentos del Gobierno y sus organismos públicos, salvo la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Empleo, para simplificar, identificar y facilitar el acceso a las actuaciones administrativas Los trabajos para la implantación de la Sede única, financiados