La Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias, AFATE, en su Asamblea General celebrada el pasado día 27 de marzo, acordó trasladar a la sociedad canaria y en particular, a las administraciones locales, insulares y autonómicas con competencias en el ámbito de la dependencia, su preocupación por la escasa respuesta, la falta de indicaciones, de orientaciones y de apoyo en cada momento de la Pandemia por Covid-19 y del insuficiente respaldo legal recibido.
Es cierto que la Pandemia por el COVID 19 nos ha obligado a todos a adaptar comportamientos, conductas y modos de trabajo a cada momento de la situación, para adecuarnos a las nuevas circunstancias, minimizando el impacto de la pandemia, pero, desde nuestra organización, se ha echado en falta una mayor implicación de las administraciones públicas en todos los procesos que la afectan.
De la noche a la mañana tuvimos que pasar de la atención grupal de la totalidad de usuarios y familias a la atención telemática y domiciliaria, y de ésta, al trabajo con pequeños grupos. Y de los servicios presenciales diarios a la atención mixta… Y hace escasamente 3 meses, cuando tuvimos que volver a cerrar nuestros centros y unidades, atendíamos a más de 200 usuarios en sus domicilios ya que los 150 restantes no éramos capaces de llegar.
Afortunadamente ahora la mayoría de ellos reciben atención grupal en nuestros centros y unidades en una clara tendencia hacia la normalización.
Si embargo, seguimos echando de menos una respuesta, un protocolo, una norma que respalde nuestras decisiones y actuaciones. Además, el retraso en el reconocimiento de la dependencia está impidiendo incorporar a nuevos usuarios a sus centros y unidades, precisamente en este momento en que esas atenciones son más necesarias.
Esa escasa atención prestada por las administraciones públicas pudo estar justificada durante los primeros meses de la pandemia por Covid-19, por las situaciones excepcionales vividas. Pero, en estos últimos meses y, especialmente, tras la vacunación de la práctica totalidad de los usuarios y trabajadores y trabajadoras de AFATE, se han abierto oportunidades para recuperar una actividad más normalizada, por lo que ya no vemos admisible la falta de respuesta las instituciones implicadas y que tiene su máxima expresión en el injustificable retraso en el pago de las deudas por parte de ciertos organismos públicos, en algún caso de 9 meses, llevando a AFATE a una situación de inestabilidad que pudiera hacer peligrar la continuidad de la propia organización y de los servicios que presta, con las incalculables consecuencias para sus usuarios, familiares, y trabajadores y trabajadoras.
Por todo lo referido, desde la Asamblea General, órgano supremo de AFATE, se insta a las autoridades del sector social y sociosanitario de Canarias para dar una respuesta inmediata a las personas afectas de Enfermedad de Alzheimer y otras demencias y a sus familias hasta alcanzar la máxima normalidad posible, garantizando la financiación necesaria que asegure la continuidad de una labor iniciada hace más de 25 años.
