Sepca e Intersindical Canaria se dirigieron este jueves al ministro de Administraciones Públicas para solicitarle un encuentro telemático en el que explicarle la realidad del abuso de temporalidad de los empleados públicos de Canarias
Los sindicatos que ostentan el 80% de la representación de los trabajadores y trabajadoras públicas de Canarias, como son Sepca e Intersindical Canaria, solicitaron este jueves, mediante un escrito remitido al ministro Miguel Iceta, “valentía y voluntad política para solucionar un conflicto que ha sido creado por la propia Administración”.
El motivo de la carta es solicitar una reunión telemática con el ministro para trasladarle de primera mano la realidad canaria “donde la representación sindical en la función pública es muy distinta al resto de España”, destacan los dos sindicatos que explican que “aquí en Canarias, los sindicatos mayoritarios NO son CC.OO, UGT y CSIF, sino Sepca e Intersindical Canaria, por lo que el ‘acuerdazo’ de Montoro en el 2017 no fue firmado por nosotros ni refrendado por la mayoría sindical de Canarias”, señalan.
Un acuerdazo en el que el “plan” para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas, al referirse a plazas y no a personas, perjudica al conjunto de trabajadores y trabajadoras que han dedicado su vida laboral a sostener los servicios públicos en las peores circunstancias y que, ahora, se verían abocados al paro más estructural al no poder competir de ninguna manera en una Oferta de Empleo Público abierta e injusta que no sanciona al empleador por el abuso de temporalidad, sino que penaliza al trabajador abusado.
En este sentido, informaron al ministro de la huelga de los empleados públicos del Archipiélago reivindicando la paralización de las Opes y el reconocimiento del abuso de temporalidad de los trabajadores en la línea de la Sentencia del Tribunal Superiorde Justicia Europeo, del 19 de marzo de 2020 en la que se reconoce el derecho a la fijeza como sanción al abuso de temporalidad. Además, se refirieron en la misiva a la propuesta de Acuerdo que presentó el Comiteì de Huelga al Gobierno de Canarias, “que permitirá concluir con el abuso de temporalidad y ahorrarse enormes cantidades de dinero puìblico en procedimientos costosos.
En una situacioìn econoìmica y social como la que estamos viviendo no caben titubeos que pongan en riesgo el derecho de los trabajadores y trabajadoras puìblicas, los servicios puìblicos y una merma de las arcas del Gobierno de Canarias que tan necesarias son para propiciar el estiìmulo econoìmico y social para paliar las consecuencias de la crisis en muchiìsimos hogares canarios. Esta propuesta de acuerdo se basa en identificar cada una de las personas que estaìn en situacioìn de abuso de la temporalidad; los puestos de trabajo que ocupan y dónde desarrollan las funciones de manera permanente, continuada en el tiempo y de caraìcter estructural.
Una vez identificados se modificarían los artiìculos del Convenio Colectivo Uìnico del Personal Laboral de la Comunidad Autoìnoma de Canarias, y las leyes que rigen la Funcioìn Puìblica Canaria, para garantizar los mismos derechos que el personal fijo o funcionario de carrera equiparables. Tales puestos de trabajo se denominarían empleados Puìblicos Fijos,(cuyas plazas serían a extinguir) tal y como hace la propuesta de Ley que se estaì tramitando en el Senado EspanÞol. Sepca e Intersindical Canaria esperan que el ministro Iceta “recoja el guante lanzado” y acepte la reunión solicitada “lo antes posible, incluso este viernes, coincidiendo con el aniversario de la sentencia del TSJE que ha supuesto un antes y un después para los 800.000 trabajadores afectados en toda España”.
