La actividad agraria desarrollada en el municipio de Hermigua se encuentra actualmente afectada por un fallo estructural de mercado, derivado de la imposibilidad de repercutir en los precios de los productos agrícolas los costes reales de producción y el mantenimiento de la actividad.
Este desequilibrio se agrava por un marco regulatorio intensamente intervencionista que restringe los usos del suelo y limita la capacidad de los agricultores, para adoptar alternativas económicas que sostengan la viabilidad de sus fincas.
Pese a ello, el sector continúa prestando servicios de interés general —mantenimiento del paisaje, prevención de la degradación ambiental, reducción del riesgo de incendios, conservación del patrimonio territorial y cohesión social— cuyos beneficios son colectivos, mientras sus costes recaen casi exclusivamente sobre quienes trabajan la tierra.
Los instrumentos públicos actuales resultan insuficientes y generan, de hecho, una transferencia implícita de rentas desde los agricultores hacia el conjunto de la sociedad, sin compensación presupuestaria ni mecanismos correctores eficaces.
El resultado es una ineficiencia económica persistente que incentiva racionalmente el abandono. Prolongar esta situación no es neutral: implica costes crecientes de restauración ambiental y gestión del territorio. Cada año de inacción, encarece la solución.
Desde la perspectiva de la buena administración, la eficiencia y la equidad, sólo existen dos vías coherentes de actuación pública:
1.- Corregir directamente el fallo de mercado, mediante políticas estables y proporcionadas al valor real de los servicios que la agricultura presta a la sociedad, asumiendo que se trata de una actividad parcialmente pública y financiándola, total o parcialmente, como tal.
2.- Facilitar soluciones desde la iniciativa privada, flexibilizando la normativa para permitir modelos alternativos de uso y gestión del suelo que, con apoyo público parcial y controlado, restablezcan la viabilidad económica, sin aumentar el gasto agregado.
Carece de justificación mantener un sistema que bloquea ambas opciones: ni se compensa el fallo de mercado ni se permite corregirlo por otras vías. Así no se protege el territorio; simplemente se traslada el coste a quienes menos capacidad tienen para asumirlo.
La agricultura en Hermigua atraviesa una crisis que ya no puede atribuirse a coyunturas ni a errores individuales. Es un problema estructural, diagnosticado desde hace años, que empuja al abandono con consecuencias profundas y duraderas.
El mercado no remunera todos los beneficios que genera el campo. Además de plátanos, aguacates u hortalizas, produce paisaje, estabilidad del suelo, prevención de incendios y cohesión territorial en un entorno frágil y escarpado. Son bienes colectivos cuyo coste asume el agricultor. Cuando el mercado no paga estos servicios, la intervención pública está plenamente justificada.
Sin embargo, esa intervención ha sido insuficiente y contradictoria. Se exige conservar bancales, limpiar, desbrozar y cumplir la normativa, pero no se garantiza que hacerlo sea económicamente viable. Se protege el suelo, no a quien lo trabaja.
En estas condiciones, abandonar no es irresponsabilidad: es una decisión racional ante pérdidas continuadas y ausencia de salidas legales o económicas.
Si la Administración puede corregir el problema con financiación adecuada, debe hacerlo. Y, si no es suficiente, debe permitir soluciones privadas compatibles con el territorio que reduzcan costes y diversifiquen ingresos. Instrumentos como una AIE agraria encajan precisamente en ese objetivo.
Retrasar decisiones o mantener una regulación que bloquea cualquier alternativa no es prudente: es seguir trasladando el peso del sistema a los agricultores, condenando al abandono a quienes sostienen el paisaje.
Además, el abandono genera costes públicos diferidos: degradación ambiental, mayor riesgo de incendios, pérdida de suelo fértil y despoblación. El ahorro inmediato es ficticio; porque el gasto futuro será mayor.
El problema se acentúa cuando la intervención pública es incompleta: limita usos y opciones, pero no compensa los servicios prestados. Se exige producir sin garantizar viabilidad. Se protege el territorio, mientras se expulsa a sus cuidadores.
Esta contradicción rara vez se reconoce. El abandono no ahorra dinero: lo aplaza y lo multiplica. Cada huerta que se pierde hoy, se traduce en una factura mayor mañana.
Hermigua necesita decisiones coherentes. Proteger el territorio no puede significar expulsar a quienes lo han construido durante generaciones. O se asume el coste real del modelo territorial, o se permite que el campo encuentre nuevas formas de rentabilidad compatibles con él. Lo demás es mirar hacia otro lado.
La Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias no protege el suelo rústico para el abandono, sino para su función territorial efectiva. Cuando la regulación impide el uso productivo, autorizar actividades complementarias condicionadas no vulnera la norma: la aplica correctamente.
Existen alternativas compatibles con la protección: pequeñas instalaciones de transformación y venta directa, agroturismo de baja intensidad o equipamientos auxiliares ligados a la explotación, siempre condicionados al mantenimiento real de la actividad.
Muchos agricultores están dejando sus huertas no por falta de compromiso, sino porque continuar les supone pérdidas constantes, sin alternativas razonables. De ahí la necesidad de medidas urgentes y eficaces que eviten el abandono definitivo.
La agricultura no desaparece por desafección, sino por un sistema que exige conservar sin compensar. Cuando la intervención pública no corrige el fallo, ni permite soluciones privadas, el desenlace es previsible: abandono, degradación y mayor coste colectivo. Proteger sin asumir el coste no es neutral; es expulsar al agricultor.
No se puede mantener por más tiempo la paradoja de exigir una actividad deficitaria, atribuirle funciones públicas y negar tanto la retribución, como la diversificación o el apoyo necesarios para recuperar viabilidad.
La experiencia demuestra que un suelo activo, aunque diversificado, se conserva mejor que uno estrictamente protegido, pero económicamente muerto. La rigidez sin financiación produce el efecto contrario: menos agricultura, menos paisaje y más gasto público.
No se trata de desproteger el suelo agrícola, sino de evitar que desaparezca por inviabilidad. Proteger, sin permitir vivir del campo, es la forma más rápida de perderlo.
El abandono no es una elección libre: es una consecuencia.
@JulioMora60
#PRISMAS
