En la actualidad debido a la crisis sanitaria y económica que sufre el país se sitúa a un número importante de vigilantes de seguridad y servicios auxiliares en ERTES ante la disminución de servicios originada en los aeropuertos a lo largo del territorio nacional
Desde la declaración del estado de alarma se ha disminuido considerablemente la presencia de vigilantes de seguridad y servicios auxiliares en la totalidad de aeropuertos nacionales y que en la actualidad y un número importante siguen sin trabajo efectivo protegidos laboralmente por ERTES. A esta situación se añade que algunas empresas de seguridad renunciaron expresamente a prolongar su contrato con AENA.
AENA lanza su nuevo concurso de seguridad en un momento de máxima incertidumbre en el sector de la seguridad privada en nuestro país, donde la crisis económica amenaza con reducciones de servicios por parte de los clientes de seguridad que a su vez se han visto afectados por la situación de pandemia.
Mantener la empleabilidad de los vigilantes de seguridad en los aeropuertos debe partir como objetivo prioritario de este nuevo concurso, donde las empresas no deben aprovechar como vía de oportunidad esta situación para reducir plantillas. En este sentido en nada ayuda la pretensión de AENA, una vez más, de someter a la adjudicación al proceso de Subasta que a pesar de su legalidad, ha demostrado en innumerables ocasiones que su aplicación en este tipo de contratos no obedece a garantizar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores y trabajadoras sometidos a este tipo de contrataciones y por ende a garantizar los estándares de calidad que este tipo de prestaciones merece.
UGT ha solicitado a responsables del nuevo contrato de seguridad aeroportuaria la necesaria sensibilidad para el mantenimiento de empleo y de condiciones del colectivo, que deben prevalecer en un concurso presentado en un momento de incertidumbre y que no puede ser aprovechado en forma desleal tanto por AENA como por las empresas que puedan ser adjudicatarias del mismo, para destruir empleo ni reducir condiciones tanto en el ámbito de la seguridad privada ni de los servicios auxiliares.
