María Luisa Carcedo, Secretaria Ejecutiva de Sanidad y Consumo de las CEF-PSOE, diputada y ex ministra de sanidad
En este país estamos acostumbrados a avanzar en derechos con un sobresfuerzo añadido para vencer las resistencias de la derecha a cualquier paso que signifique profundizar en la libertad de las personas. Resistencia que se redobla cuando estos derechos se hacen efectivos por servicios públicos universales y con equidad.
En este caso, la derecha exhibe una oposición radical a la regulación del derecho a la eutanasia, como antes lo hicieron con el divorcio, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se oponen ferozmente a la regulación de la eutanasia, o lo que es lo mismo, a que quien sufra una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante pueda solicitar para ayuda para morir.
Estamos hablando de casos en los que ya no existe posibilidades de cura de la enfermedad y que suponen un gran sufrimiento físico o psíquico. La prolongación de la vida se produce a costa un suplicio para la persona y de una gran impotencia para los familiares por no poder ayudarla. Sencillamente, se oponen a reconocer la condición humana y características consustanciales que le son propias: el ciclo de la vida que implica riesgo de enfermar, sufrir y morir.
La ciencia médica ha logrado enormes avances en el conocimiento de las enfermedades para prevenirlas y curarlas, permitiendo incrementos extraordinarios de la esperanza de vida. Pasó de 34 a 84 años en los últimos 100 años. Pero aún existen enfermedades que no tienen posibilidades de curación y alivio. Cuando la persona que las padece considera que el sufrimiento físico o psíquico que padece le resulta insoportable, no quiere continuar con una vida cuya única expectativa es de un calvario hasta su muerte.
Las personas en esta situación ven lesionadas la integridad de su persona, su intimidad, su dignidad, la posibilidad de desarrollar autónomamente su vida, en definitiva: una vida mantenida únicamente a costa de dolor y el sufrimiento. Y por tanto ven lesionados derechos fundamentales. Por eso es necesario establecer un nuevo derecho. Esta ley lo crea pero además regula el procedimiento para que se haga efectivo, con objeto de que llegue a toda persona que se encuentre en esa situación y pueda recibir la ayuda en condiciones de universalidad, equidad y calidad. Por eso se incluye en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud.
Prueba de su vocación garantista, se establece un procedimiento para recibir la ayuda para morir en el que la solicitud es exclusivamente de la persona afectada, según sus creencias, ideología y concepto de la vida y la muerte. En ningún caso se permite que otra persona decida por ella. Esto se puede hacer de dos manera: o a través de una solicitud por escrito reiterada dos veces, en un plazo de al menos 15 días, o por medio de un testamento vital en los casos de pérdida de conciencia, como las demencias. La ley se asegura que estos requisitos se cumplen escrupulosamente. El caso deben ser revisado por dos médicos y verificado por la Comisión de garantías y evaluación que se crea en la ley. La persona decide, el Estado establece el derecho y le facilita que se pueda hacer efectivo.
Estamos ante una ley que parte de un amplísimo consenso social. Es muy demandada por la mayoría de ciudadanía. Cuando se les pregunta si la creen necesaria, la respuesta es concluyente. De media el 84 por ciento (40 millones) que oscila entre el 56 por ciento de los católicos practicantes, el 80 en los católicos no practicantes y el 97 por ciento de los declarados ateos. Podemos decir que en nuestra sociedad existe una gran sensibilización antes estas situaciones. La mayoría de españoles consideran necesario que se evite un alargamiento innecesario de la vida en condiciones que acarrean un enorme sufrimiento y una total impotencia de sus familiares.
Hay que reconocer que la opinión pública ha sido muy influenciada por el testimonio y la lucha de personas o familiares en estas circunstancias (Ramón Sampedro, Ángel Hernández, Txema Lorente y su hijo y muchísimas personas de la DMD). Ante esa opinión mayoritaria, los legisladores, representantes de la soberanía popular debemos tomar el testigo y regular la eutanasia en nuestro país. Y eso es lo que hicimos una amplia mayoría del Congreso de los diputados, con la excepción de la derecha de VOX y PP.
Una ley que combina la garantía del ejercicio de derechos fundamentales, el humanismo, la compasión hacia las personas que sufren y comprensión para sus familiares. Una regulación que tiene especial empeño en garantizar la equidad, la calidad de la prestación y la atención humana a la persona y su entorno.
Una ley, de nuevo, de sello socialista y un nuevo derecho al que se opone, una vez más, la derecha española. En este caso con el acompañamiento de la extrema derecha, blandiendo retóricas incendiarias que sobrepasan una vez más todos los límites del debate político en democracia. Pero, como sucedió con otros derechos anteriores, cuando ellos o su entorno se encuentren en esta situación, se acogerán a él.
