El rey emérito ha abonado a Hacienda casi 680.000 euros para regularizar la deuda que admite después de conocer que la fiscalía del Alto Tribunal le investigaba por el uso de fondos procedentes del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause durante los ejercicios 2016 y 2018. La nota, hecha pública a través del abogado Javier Sánchez-Junco, puntualiza que Juan Carlos I está a disposición del ministerio fiscal para cualquier tipo de citación que pudiera producirse.
Pues bien, desde Gestha hemos solicitado reiteradamente a la AEAT que iniciase una investigación tributaria al Monarca emérito. Así como que se cambie el tratamiento del delito fiscal en el Código Penal, porque entre otras ventajas respecto de otros delitos económicos, quien regulariza goza de la exención total de la responsabilidad penal, por lo que no va a ser juzgado, ni por tanto condenado. Mientras que en los demás delitos económicos, quien repara el daño tiene una atenuante cualificada o muy cualificada que rebaja la pena que le pudiera recaer.
El rey emérito ha decidido rendir cuentas al fisco con el objetivo de evitar ser juzgado por un posible delito fiscal y de blanqueo de capitales
Sea como fuese, lo cierto es que la cantidad abonada revela que el montante regularizado podría estar en torno a los 1,2 millones si del IRPF se tratara o algo más de 800.000 euros, si estuviera relacionado con una donación.
A este respecto, la regularización voluntaria y espontánea conlleva el efecto liberador completo de las eventuales responsabilidades penales y tributarias por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública que podrán cometerse.
Cabe recordar que los requisitos son presentar y pagar la nueva declaración antes que le notifique una investigación la administración tributaria, la fiscalía o un tribunal penal. Que sea veraz y completa, ya que si posteriormente se desvela que la regularización no fue veraz (p. ej., una donación que finalmente no fue tal porque el donante se resarció de alguna manera) o no sea completa para el mismo impuesto y año regularizado (p. ej., una investigación en curso o posterior añade otros elementos no declarados, ni regularizados, del mismo impuesto y año regularizado), el pago de la regularización se considera a cuenta de las eventuales responsabilidades penales y tributarias por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública que podrán cometerse.
De igual modo, otros presuntos delitos seguirían abiertos. Respecto al delito de blanqueo de capitales se subsume en el delito contra la Hacienda Pública si el tribunal considera que se pudo cometer para encubrir la defraudación. Si el blanqueo trata de encubrir otro origen de los fondos, estaría abierto.
Más allá de las cantidades, lo que parece claro es que el rey emérito ha decidido rendir cuentas al fisco con el objetivo de evitar ser juzgado por un posible delito fiscal y de blanqueo de capitales, en su caso. De esta manera, no podrá decirse que es un delincuente fiscal, ni un defraudador, al disponer de la eximente de la responsabilidad penal y tributaria.
Como claro es que el proceso para regularizar ese dinero no está siendo ni mucho menos normal. En este sentido, no lo resulta que se presente un escrito anunciando la intención de regularizar, como se ha publicado por algún medio, ni que se hubiera producido una reunión a tal fin con Hacienda, como así se ha publicado también. Lo habitual es presentar la autoliquidación y pagar.
A fin de cuentas, este escándalo puede llevar a pensar a más de un ciudadano que Hacienda somos unos más que otros, lo que no ayudará a mejorar la conciencia fiscal. Y es que ante los indicios que han ido apareciendo en prensa desde hace algunos meses, desde Gestha venimos pidiendo a la Agencia Tributaria que abriera una inspección como a cualquier otro ciudadano de a pie. Y ese retraso podría terminar resultándonos caro a todos los españoles, que no somos iguales ante la ley.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha)