Eldiario.es| PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado y la ley de vivienda, que era el principal escollo de la negociación por las distintas posiciones respecto a la regulación de los precios del alquiler. Tras un año de enquistamiento, la Secretaría de Estado de Comunicación ha anunciado el acuerdo cuyos detalles han cerrado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en una reunión celebrada antes del Consejo de Ministros. Al encuentro han asistido otros «ministros implicados», como el de Presidencia, Félix Bolaños, la de Hacienda, María Jesús Montero o la de Derechos Sociales, Ione Belarra.
La presentación de las cuentas públicas se ha retrasado ligeramente respecto al calendario inicialmente previsto por Moncloa, que manejaba aprobarlas en el Consejo de Ministros de este martes. Finalmente se presentarán en un Consejo de Ministros extraordinario este jueves, cuando el presidente estará de vuelta tras el Consejo Europeo de Eslovenia.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró la semana pasada que los Presupuestos estaban perfilados a falta de cerrar algunos flecos. El escollo principal era la ley de vivienda, que los socialistas intentaban sin éxito separar de la negociación presupuestaria. De hecho, este lunes el PSOE se removió contra la presión de su socio minoritario. «En un Gobierno no se hacen ultimátums, ni se condiciona», expresó la portavoz de Ferraz, Eva Granados.
Avances en la ley de vivienda
Los avances en las negociaciones de la normativa de vivienda supondrán la «regulación de precios para bajar por ley los alquileres» de los propietarios que tienen diez o más inmuebles — grandes tenedores — «en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado» y la «retirada de privilegios fiscales». Por su parte, para los pequeños propietarios, se acuerda la «congelación de precios e incentivos fiscales para bajar el precio», según confirman fuentes de la coalición liderada por Díaz.
Entre los acuerdos que se han cerrado en la ley de vivienda, los socios de la coalición han consensuado «una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida» y de esa proporción «la mitad se destinará para alquiler social». Además, la normativa incluirá «impuesto a la vivienda vacía, a través del recargo del IBI hasta el 150%, que podrán aplicar los ayuntamientos».
En los últimos días se han intensificado las conversaciones entre los socios de la coalición. Este lunes mantuvieron una reunión los ministros de Hacienda, el de Presidencia, Félix Bolaños, y la de Transportes, Raquel Sánchez, -y el secretario general de Vivienda, David Lucas-, por la parte socialista junto con la de Derechos Sociales, Ione Belarra, para abordar la ley de vivienda, pero no alcanzaron un acuerdo en aquel momento.
Desde Unidas Podemos han celebrado los avances conseguidos en la ley de vivienda. «Una de las cosas por la que se recordará a Ione Belarra en esta legislatura es por ser la Ministra que no cedió ni un milímetro a la presión de los fondos buitre», ha destacado Pablo Echenique, portavoz del grupo confederal en el Congreso.
Al secretario de Estado de Servicios Sociales, Nacho Álvarez, uno de los negociadores de Unidas Podemos el anuncio del acuerdo por parte de Moncloa le ha pillado desprevenido en una entrevista que estaba realizando en el Canal 24 horas. «Me pilla esta noticia en mitad de la entrevista, habrá que ver a qué se refieren. Yo insisto, hasta donde yo sé, ese acuerdo no está cerrado a ese momento y a esta hora», se ha limitado a contestar.
Una de las cosas por la que se recordará a Ione Belarra en esta legislatura es por ser la Ministra que no cedió ni un milímetro a la presión de los fondos buitre, dio la batalla y consiguió regular los precios de los alquileres en España.
— Pablo Echenique (@PabloEchenique) 5 de octubre de 2021
Otro de los desencuentros que han tenido en el seno de la coalición durante la negociación presupuestaria ha sido la introducción de un tipo mínimo del 15% al impuesto de sociedades en los términos que figuran en el acuerdo programático. No obstante, en los últimos días la parte socialista del gabinete se ha abierto a introducirlo como un «ajuste» a la espera de la reforma fiscal que no verá la luz hasta 2022.
