Al amparo de la crisis sanitaria y económica las administraciones públicas de este país sitúan una contratación de seguridad privada que genera ciertas dudas de cumplimiento de las empresas en materia laboral y de propia calidad de servicios
Desde el Sindicato Federal de Seguridad Privada de FESMCUGT, se ha advertido a distintas administraciones públicas sobre un comportamiento desleal por parte de la administración que ya ocurría con anterioridad a la pandemia y que fruto de la crisis económica se ha visto agravado durante los últimos meses.
Para UGT resulta cuanto menos chocante establecer en los ámbitos políticos redes sociales por el empleo cuando fruto de contratos públicos sometidos a criterios estrictamente económicos se pone en riesgo empleo estable y se reducen los estándares de calidad de los propios servicios contratados desde la administración.
Precisamente en materia de seguridad privada durante los últimos años ha coincidido que las empresas que más han contratado con la administración pública posteriormente han presentado concurso dejando a miles de trabajadoras y trabajadores en el desempleo. Todo ello debido a políticas desleales de dumping sectorial por parte de las empresas y la parálisis de la administración y del propio Gobierno que siguen escondidos ante una situación que utiliza dinero público en contratación de servicios que no cumplen los estándares de calidad pretendidos ni garantizan el empleo y las condiciones laborales de los vigilantes adscritos a empresas de seguridad y que prestan sus servicios en instalaciones públicas.
UGT tanto en los territorios como a nivel nacional ha instado nuevamente tanto a las administraciones como al Gobierno Central a resolver una situación que enquistada en el tiempo no garantiza el verdadero objetivo que merece el ámbito público en materia de contratación que no puede ni debe ser otro que obtener una contratación pública socialmente responsable.
