El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado decretar la prisión provisional ni ninguna otra medida cautelar contra Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en el exilio tras su declaración como imputado en las dos denuncias presentadas contra él por supuestas torturas contra población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia). Ghali ha comparecido de forma telemática desde el Hospital San Pedro de Logroño, donde permanece ingresado desde el pasado 18 de abril.
El magistrado ha acordado únicamente que aporte un domicilio y telefono en España a fin de estar localizado y ha rechazado decretar la prisión provisional que habían solicitado las dos acusaciones: la del bloguero saharaui de nacionalidad española Fadel Mihdi Breica y la de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH). En sendos autos, el juez argumenta que “no puede apreciarse riesgo de fuga alguno” ni de que el querellado pueda «ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, máxime a la vista de la fecha de los hechos investigados y que no se ha solicitado diligencias de prueba alguna y menos aún que el mismo pueda actuar contra bienes jurídicos de víctima alguna”.
Por último, el juez indica que “el informe de la acusación (que aparte su poder otorgado ha sido cuestionado) no ha suministrado elementos siquiera indiciarios (las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado), que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno; no bastando, por obvio, para acordar medidas cautelares personales el indicar que el Sr. Ghali entró en España ilícitamente”.
Durante el interrogatorio —en el que ha respondido únicamente a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa—, Galhi ha afirmado que todos los hechos objeto de acusación son “absolutamente falsos” y ha negado haber cometido tortura, desapariciones o cualquier tipo de conducta ilícita contra cualquier ciudadano saharaui, según ha explicado su abogado, Manuel Ollé, al término de su declaración. Asimismo, ha afirmado que estas querellas obedecen a motivos “absolutamente políticos” para “tratar de minar la dignidad y credibilidad del pueblo saharaui y su lucha en el camino a la autodeterminación”. Su defensa ha anunciado que pedirá el archivo de ambos procedimientos y la condena en costas de todas las acusaciones por “mala fe, por la temeridad y utilizar el derecho penal con fines políticos”.
La abogada de Breica, María José Malagón, ha negado que haya algún tipo de iniciativa política detrás de su querella. “Mi cliente es un señor que ha sido horriblemente torturado y por eso se ha puesto una querella que ha sido admitida y que estamos en la instrucción”, ha explicado a los medios de comunicación tras la declaración del dirigente saharaui.
Aunque oficialmente nadie lo ha admitido, la presencia en España del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en el exilio es uno de los motivos detrás de la crisis migratoria que estalló en Ceuta hace dos semanas. Este martes, su abogado no ha querido adelantar si su intención es quedarse en España. “Esperará a que resuelva el juez y en ese momento decidirá lo que tenga por conveniente”, ha dicho Ollé, que ha insistido en que el líder del Frente Polisario sigue “débil” y que entró a España “con su pasaporte” y que en ningún caso lo hizo “escondido”. La abogada de Breica, por su parte, sí ha expresado su temor a que el líder del Frente Polisario pueda marcharse de España.
